La polémica por la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad en Chihuahua escaló este martes, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum contradijera públicamente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
El choque comenzó después de que la mandataria estatal asegurara que la Secretaría de la Defensa Nacional estaba enterada de la presencia de ciudadanos estadounidenses durante acciones de seguridad en el estado.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum fue directa: eso no ocurrió.
Aunque confirmó que personal de la Defensa participó en el operativo —como ocurre regularmente dentro de los gabinetes de seguridad— aclaró que eso no significa que la Sedena supiera sobre la presencia de agentes de Estados Unidos.
El punto delicado es justamente ese: quién autorizó su participación y bajo qué marco legal operaron dentro del país.
La presidenta pidió al gobierno de Chihuahua aclarar lo sucedido y advirtió que cualquier colaboración internacional en temas de seguridad debe apegarse a la Constitución y a las leyes mexicanas.
El caso encendió alertas porque versiones extraoficiales apuntan a que en el operativo habrían participado agentes vinculados a la CIA, algo que hasta ahora no ha sido confirmado oficialmente.
Sheinbaum insistió en que México mantiene coordinación con Estados Unidos en temas de seguridad, pero dejó claro que esa cooperación tiene límites legales.
El episodio también abre un frente político incómodo para el gobierno panista de Chihuahua, que ahora enfrenta presión para explicar qué ocurrió realmente en ese operativo y quién autorizó la presencia extranjera.
Porque en temas de soberanía, cualquier vacío de información rápidamente se convierte en incendio político.
